La economía peruana va a mantener durante este año la proyección de crecimiento del PBI de 4.2% según el último Informe de Actualizaciones de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2019 – 2022 publicado la última semana. Esta cifra es similar a la prevista en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) aprobado en agosto del 2018. Esto quiere decir, que hemos entrado en una etapa de recuperación respecto a los últimos 5 años donde en promedio el PBI estuvo en torno a 3.22%. Los motores de esta nueva fase de expansión económica serían el aumento de la inversión privada de 7.6% y la inversión pública de 4.5%, sumado a ello el aumento de la demanda interna.

 

Este mayor dinamismo de la economía generaría ingresos al estado de 19.5% del PBI en este año y el grueso de estos ingresos sería gracias a la actividad minera. Se estima que en los próximo cinco años, nuestro principal producto, el cobre, seguiría siendo el metal más importante en el mundo (Perú es el segundo productor del metal rojo en el mundo después de Chile). Todo ello está muy bien. Leía esta semana el informe de la OCDE, “Investing in Youth: Peru” (Invertir en los jóvenes), el cual refleja la situación económica precaria de los jóvenes peruanos. Tal informe, revela que al 34% de los jóvenes peruanos les resulta difícil, o muy difícil, salir adelante con sus ingresos actuales. Este porcentaje contrasta con el promedio de la OCDE, próximo al 20%, y sitúa a la juventud peruana en la peor posición de América Latina y el Caribe (ALC) en su conjunto. Estos jóvenes forman parte principalmente de los estratos socioeconómicos D y E y están en riesgo permanente de pobreza y exclusión social. Hay jóvenes en universidades públicas con patologías preocupantes (por ejemplo, la tuberculosis, la anemia, etc.) que son catalogados como “alumnos observados”.

 

El nivel desproporcionado de desigualdad de ingreso en los hogares peruanos, tiene como consecuencia, entre otras cosas, mayor desmembración social, incrementa la conflictividad social, limita el potencial de crecimiento de la economía y alimenta la corrupción. De hecho, un estudio reciente del propio FMI concluye tras analizar desi¬gualdad y crecimiento en 159 países que, si aumenta un punto la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos, el crecimiento del PBI se ralentiza en 0,08 puntos en los siguientes cinco años.

 

En el Perú hay cerca de 8,500,000 jóvenes (1 de cada 5 viven en hogares pobres) y el 19% de ellos son pobres. Evidentemente, la situación de estos jóvenes es muy preocupan por dos razones: a) cada vez menos jóvenes forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, muchos de ellos han renunciado al mercado laboral al no encontrar ningún tipo de trabajo sea informal, formal o subempleo y b) para los que sí están dentro de la PEA, las condiciones laborales son muy desalentadoras (GRADE, 2018). Este panorama es aún más complicado para los jóvenes cuyas edades fluctúan entre 15 a 24 años, quienes recién buscan insertarse en el mercado laboral, porque carecen de experiencia y no tiene redes de contactos. Hay jóvenes pobres que trabajan en condiciones de explotación. El caso de dos jóvenes que murieron en el incendio de las Malvinas (junio de 2017) es un ejemplo de lo dicho. En estas condiciones aspirar a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una quimera.

 

El problema puede abordarse desde varias perspectivas: desde el lado de la oferta laboral. Sabemos que los jóvenes necesitan más y mejores habilidades. Debido a los cambios tecnológicos, las habilidades que hoy demandan las empresas son muy distintas a aquellas de hace 20 años. No perdamos de vista, que la Cuarta Revolución Industrial, trae consigo cambios profundos en los viejos paradigmas del empleo. Por tanto, es obligación del Estado ofrecer, más y mejor educación, principalmente a aquellos jóvenes de los estratos sociales más bajos. Hay decenas de programas sociales para jóvenes (Projoven, Agrojoven, Beca 18, etc.) copados de burocracia inepta que deben ser reformados o fusionados por sus mediocres resultados. Experiencias exitosas de Colombia y Chile son buenos ejemplos a tener en cuenta.

 

Por otro lado, es necesario recuperar el dialogo social con los sindicatos, el gobierno, las empresas y la sociedad civil como una virtud democrática para encarar el problema laboral de los jóvenes. Creo que vale la pena. Reducir la renuncia de los jóvenes a la PEA es tarea urgente del gobierno. Si el crecimiento económico no es inclusivo estamos generando una frustración en una parte importante de la sociedad que terminará pasando factura a todos, más pronto que tarde. Me resisto a pronunciar la frase “no se puede” (Si digo esto mi mente deja de funcionar). Sí se puede mejorar el ingreso de nuestros jóvenes y su calidad profesional. Se puede crear más empleo y empleo digno. Hay infinitas formas para ello, quien diga lo contrario no conoce el Perú, o no entiende nada de economía. Sólo hace falta ponerse en el lugar de los jóvenes que no tienen empleo o de aquellos que tiene empleo con ingresos ridículos. Y la cereza al pastel: voluntad política y un poco de humanismo de los empresarios.

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