Alejandro Narváez Liceras La minería en el Perú está considerada como el eje principal de desarrollo económico del país. Sin embargo, este importante sector de nuestra economía está desbordado por conflictos sociales que alteran bruscamente su normal desarrollo. A marzo de 2019 se registraron 183 conflictos sociales a nivel nacional y el 64% de ellos, está ligado a la actividad minera. El rechazo a la minería es creciente y muchas son las causas. Promesas incumplidas, se ha confundido responsabilidad social empresarial con filantropía, asistencialismo y la ética empresarial, por citar algunas de ellas.

 

Por otro lado, las ONGs ecologistas, los líderes comunitarios, los gobiernos locales, los gremios laborales, entre otros, exigen a las empresas mineras, revelaciones creíbles de sus inversiones y sus resultados, más transparencia financiera para conocer sus contribuciones a los gobiernos locales y a las comunidades. Las empresas tienen que demostrar con ejemplos concretos que sus inversiones y sus actividades se traducen en resultados sociales medibles (más empleo, menos pobreza, más bienestar, etc.).

 

En mi opinión, para alentar a las comunidades a tener mayor interés en la explotación minera y el desarrollo local, las empresas mineras deben ofrecer participaciones significativas en su capital social. Además de facilitar la licencia social para el normal desarrollo de esta actividad, las comunidades al ser partícipes directos del capital de la compañía, tendrían ventajas financieras a largo plazo vinculadas a los resultados del propio negocio, desarrollando de este modo un verdadero sentido de valor compartido entre los distintos grupos de interés o stakeholders (accionistas, comunidad, estado, trabajadores, gobiernos locales), bajo el enfoque de maximizar el valor de la empresa para todos ellos. En este sentido el accionariado comunal es una estrategia efectiva de valor compartido orientado a mejorar la competitividad de la empresa, obtener ganancias sostenibles y el progreso económico y social de las comunidades .

 

La propuesta es simple. La comunidad de la zona de influencia del proyecto minero debe tener una participación accionaria en el capital social de la empresa. Esta participación puede fluctuar entre un 10% y 20% de dicho capital. Una segunda opción puede ser que la empresa minera distribuya un porcentaje (8% - 10%) de las utilidades netas a la comunidad, de acuerdo al convenio firmado entre las partes. La falta de una ley al respecto, puede suplirse con un contrato privado entre la empresa minera y la comunidad. Entre tanto se debe trabajar una iniciativa legislativa para llenar el vacío legal existente.

 

Hay experiencias en el país. Una de ellas es en la empresa Inca Pacific Resources, minera junior canadiense que explora en el distrito ancashino de Conchucos. El acuerdo consistió en repartir entre los comuneros 1,800,000 acciones que equivalen al 5% del capital social de la empresa, quienes no podrán vender sus acciones hasta que el proyecto inicie la etapa de explotación. En Puno, la minera aurífera canadiense IRL S.A que cotiza en las bolsas de Toronto, Londres, y la Bolsa de Valores de Lima, ha sellado un acuerdo con la comunidad campesina de Ollachea, ubicada en la provincia de Caravaya. El acuerdo consiste en el reparto de utilidades de hasta un 5% anual a la comunidad. Es la primera vez que una empresa minera suscribe un convenio de este tipo en el Perú, dando como resultado, que la comunidad se convierta en un socio activo, que también se beneficia con el éxito comercial del negocio. En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, existen leyes que permiten una participación de la comunidad de hasta el 20% del capital y en algunos casos tiene un asiento en el directorio de la empresa minera. En Sudáfrica hay empresas mineras como; BHP Billiton, Anglo American que tienen estrategias de valor compartido. En Ghana lo viene haciendo Newmont Mining Corporation, en Chile la minera Escondida (Antofagasta), en Perú la empresa Gold Fields en la mina Cerro Corona etc. En otras palabras, las empresas de clase mundial, para tener resultados económicos, ambientales y sociales sostenibles, ronpieron con los viejos paradigmas del management y dieron el salto hacia una gestión basada en la creación de valor compartido para todos los stakeholders.

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