Las Bambas (LB) de Apurímac representa el 1,03% del PBI de nuestro país. Pero éste no sería el único aporte de esta región a la economía nacional. Actualmente, están en proceso de construcción, exploración y evaluación, varios proyectos de gran envergadura como: Haquira de First Quantum (US$ 2,800 millones), Apurímac Ferrum (US$ 2,600 millones), Los Chancas de Southern Perú (US$ 2,800 millones), Trapiche de Buenaventura (US$ 1,000 millones), Anama y Utunsani de la compañía Aruntani que producirían 80,000 onzas anuales de oro, entre otros. A esta larga lista, hay que añadir el proyecto Colca que aún no está concesionado, y cuyo potencial minero sería igual o mayor a LB. Estos nuevos proyectos representan una inversión cercana a US$ 12,000 millones que debe ejecutarse entre el 2019 y 2021.

De acuerdo al Estudio de Ingemmet 2018, la riqueza minera de Perú está concentrada principalmente en tres regiones: Apurímac, Cajamarca y Ancash. Tomando en cuenta la continuidad de las operaciones actuales, la puesta en producción de los proyectos mineros en cartera, los proyectos en exploración avanzada, y lo estimado como potencial minero propiamente dicho, de todo el país, el Estado peruano recibiría como beneficio económico, aproximadamente US$ 758,000 millones hasta el año 2050. En el ranking de contribuyentes a la economía peruana, lidera Apurímac con US$ 99,000 millones seguido por Cajamarca con US$ 98,000 millones. De ser ciertas las cifras de Ingemmet, Apurímac sería la que más aporte al PBI del país en las próximas tres décadas.

 

Irónicamente, en la región más rica de Perú hay otra realidad del que se habla muy poco y se ignora casi siempre. El 73.2% de la población de Apurímac pertenece a la clase social más baja, es decir, al estrato socioeconómico E (CPI, 2018) sólo superado por Huancavelica. La pobreza monetaria según INEI al 2018 llega a 35.9% (seguro que, es más). El empleo informal (es decir, trabajadores sin ningún tipo de derechos laborales) alcanza el 87% (Produce, 2016). La anemia de niños menores a tres años afecta al 66.6% en Cotabambas, 62% en Antabamba (Diresa, 2016), por citar algunos datos. Esta es la gran paradoja: una región rica llena de pobres. Si a este drama social le añadimos la indiferencia y las promesas incumplidas del gobierno central y de las empresas que operan en la zona, con la complicidad de los sucesivos gobiernos regionales y locales envueltos en corrupción, la indignación, el fastidio y las protestas del pueblo apurimeño, están justificadas. Son las causas reales por las cuales la gente se levante y dice ¡Basta¡.

 

Por otro lado, el conflicto de LB pone en evidencia varias cuestiones: vacíos en el marco legal que rige la actividad minera, los estudios de impacto ambiental y la distribución del canon, que deben ser reformadas, la ausencia de mecanismos de participación comunal y de transparencia en la gestión de recursos transferidos por el tesoro público en forma de canon y regalías mineras, la falta de definición clara de roles de los tres niveles de gobierno, la actuación del gobierno siempre tardía, reactiva y desacertada, la falta de estrategias de prevención de conflictos, y lo más importante, la ausencia de un proyecto de desarrollo regional sostenible. Nuevamente se equivoca el Gobierno, cuando apela continuamente a la fuerza y al estado de emergencia. El estado de emergencia no es un instrumento de gestión de conflictos sociales. Tampoco puede prosperar el diálogo en un entorno de miedo y persecución de los líderes comunales. Hay que retomar los espacios de diálogo y promover la cultura del diálogo transparente y con resultados. Si se hace necesario contar con normativas, habría que hacerlo, para definir competencia, límites y agenda.

 

Antes de que termine de escribir este artículo ya se habría resuelto el problema de Yavi Javi. Enhorabuena. Sin embargo, mañana u otro día, surgirán nuevos conflictos en Grau, Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, etc. quizás con más violencia, mejor organizados y más amplios, porque el Gobierno no dio con el remedio de los problemas que lo han generado. Mientras el Estado y las empresas sigan pensando sólo en más exportación, más impuestos y en el aumento del PBI, ignorando los problemas reales de todo Apurímac, no habrá paz. Mientras sigan tratando de indígenas de segunda categoría a los campesinos, nunca darán con la respuesta adecuada. Mientras que las negociaciones con los genuinos dueños de las tierras se sigan dando en condiciones de desigualdad, habrá injusticia y la herida seguirá abierta. Mientras que las cuestionadas concesiones mineras no sean transparentes, seguirá la turbulencia, mientras Apurímac no se enrumbe hacia un progreso integral, equitativo y justo, la mecha de las protestas seguirá encendida. Mientras haya jóvenes sin futuro y desilusionados, habrá vitalidad para que sigan exigiendo sus derechos. La pelota está en la cancha del gobierno.

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