Según los reportes anuales de la Defensoría del Pueblo, en los últimos 12 años los conflictos sociales se han multiplicado por 4.7 (pasando de 47 a 220), y se han extendido a todo el país. Sus respectivos protagonistas, objetivos, tácticas y maneras de organizarse están cambiando. Son cada vez más violentos, emergen con más fuerza y el potencial para aumentar en número es muy alto, sobre todo en el sector minero. Lo ocurrido en Apurímac con “Las Bambas”, en Arequipa con “Tía María” o en Cajamarca con “Conga”, son ejemplos claros. En el 2015, el 42.5% (92 casos) de los conflictos sociales en el país estuvieron relacionados a la actividad minera. Por regiones, Apurímac concentra la mayor cantidad de conflictos (12%), seguido de Áncash (10%) y Puno (8.5%).

 

El escenario general de los conflictos sociales está fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, el cual no ha significado necesariamente mejoras en el nivel de vida de la gente. En efecto, después de 15 años de crecimiento económico continuo, promediando 6% del PBI anualmente, existe todavía un amplio sector de la población que vive en situación de pobreza y pobreza extrema, y que no percibe que su calidad de vida haya mejorado considerablemente. La fuerte inversión en el sector minero y sus impactos, ha despertado un celo mayor en la protección de recursos como el agua y la tierra, los cuales para las comunidades constituyen medios de vida que les han permitido subsistir a través del tiempo. 

 

Evidentemente, los conflictos sociales representan altos costos económicos para el país en términos de ingresos fiscales, empleo y desarrollo económico, sin mencionar las cuantiosas pérdidas para las empresas en conflicto. Según el estudio del Instituto Peruano de Economía (2015), tomando comoreferencia las carterasde proyectosmineros disponibles entre 2010 y 2014, se estima que desde 2011 hay un atraso en inversiones mineras por más US$ 21.5 mil millones; y el efecto total de la inversión y la producción minera, en el periodo 2011-2014, se calcula en una pérdida de US$ 62.5 mil millones de PBI.

 

Por desgracia, las respuestas de solución de los distintos gobiernos que hemos tenido y de las empresas involucradas han sido siempre tardías y equivocadas. Los conflictos tienen distintas aristas y no hay recetas simples para hacerles frente. La pérdida de vidas humanas y las cuantiosas pérdidas económicas generadas por los conflictos nos obligan a plantear propuestas audaces si queremos la paz social. En la filosofía, “tú me das, yo te doy; tú ganas, yo gano; tú me respetas, yo te respeto”, el Accionariado Comunal puede ser el remido a años de turbulencia social que ha vivido  el país.  

 

La propuesta es simple. La comunidad de la zona de influencia directa del proyecto minero debe tener una participación accionarial en el capital social de la empresa. Esta participación puede fluctuar entre un 5% y 10% de dicho capital. La falta de una ley al respecto, puede suplirse con un  contrato privado entre la empresa minera y la comunidad.

 

Hay experiencias en el país. Una de ellas es con la empresa Inca Pacific Resources, minera junior canadiense que explora en el distrito ancashino de Conchucos. El acuerdo consistió en repartir entre los comuneros 1,800,000 acciones que equivalen al 5% del capital social de la empresa, quienes no podrán vender sus acciones hasta que el proyecto inicie la etapa de explotación. En Puno, la Minera IRL canadiense, ha sellado un acuerdo similar con la comunidad  de Ollachea. En países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, existen leyes que permiten una participación de la comunidad de hasta el 20% del capital e incluso asientos en el directorio de la empresa minera.

 

Con un simple análisis costo/beneficio se puede demostrar que el Accionariado Comunal es infinitamente superior que las soluciones ensayadas hasta ahora. Sólo la miopía del gobierno y la corta visión de los empresarios pueden ignorar esta propuesta. Termino resaltando la importancia de cómo debemos gestionar los conflictos en los próximos años, ya que serán definitorios para el desarrollo de nuestra minería en el país.

(*) Ha sido Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

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