El 26 de agosto de 2016, el llamado “gabinete de lujo” del presidente Pedro Pablo Kuczynki (PPK) aprobó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2017-2019, con el cual se elaboró el presupuesto público del 2017. La proyección del crecimiento económico en el MMM era de 4,8% para el 2017 (2018: 4,3%; 2019: 4,1%), basado en tres supuestos: a) Un intenso programa de reactivación económica, consistente en el aumento del déficit fiscal hasta el 3% del Producto Bruto Interno (PBI), reducción del IGV y destrabe de los grandes proyectos de inversión valorizados en torno a 26 000 millones de dólares; b) Reformas estructurales (modernización del Estado, reforma tributaria, etc.); y c) Un paquete de beneficios sociales para los trabajadores (seguro de desempleo, reforma del sistema de pensiones, entre otros).

El último informe del banco BBVA Research, publicado en julio de 2017, revela que la economía peruana crecerá este año un exiguo 2,2%, siendo el peor resultado desde la crisis económica y financiera internacional de 2009, y muy por debajo del crecimiento mundial que se estima en 3,3% para 2017. Asimismo, el estudio (con cifras del BCR y del INEI) señala que en el 2018 habría un cambio de tendencia, o mejor dicho, nuestra economía se expandiría hasta un 3,9%, condicionado a factores como el inicio de los trabajos de reconstrucción del norte, la ejecución de los proyectos de infraestructura más grandes (línea 2 del metro de Lima, los Juegos Panamericanos de 2019, ampliación del aeropuerto Jorge Chávez), una política fiscal expansiva (déficit fiscal en torno al 3,5%) y un mayor dinamismo de las actividades primarias (minería, pesca y agricultura, principalmente).

En este escenario de enfriamiento de la economía peruana (técnicamente en recesión), el mercado laboral ha sido el más golpeado. La creación de empleo se ha ralentizado y este cada vez más precario. Más de 11,5 millones de trabajadores no tienen derechos laborales ni protección social (cifras de la Sociedad Nacional de Industria). En Lima Metropolitana, la tasa de subempleo alcanza el 37% de la población económicamente activa (PEA) ocupada (julio 2016: 35%). Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, el primer trimestre de este año se habrían perdido 200 000 puestos de trabajo. El ingreso salarial promedio en términos reales ha descendido, y el compromiso que firmó PPK con la CGTP de subir el salario mínimo vital no se ha cumplido.

Por otro lado, durante el primer semestre de 2017, se han perdido 2 000 millones de recaudación fiscal. La polémica reducción del IGV y el cambio en la ley de impuestos a las empresas no han dado los resultados esperados. En agosto de 2016, Fernando Zavala (actual Ministro de Economía y Finanzas) se fijó como meta elevar la presión tributaria a 17%. Sin embargo, se dio exactamente lo contrario, es decir, la base tributaria ha caído dramáticamente a un 14% del PBI (promedio 2011-2015: 16,1%).

El cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a INVIERTE.PE ha generado más problemas que soluciones. En términos de ejecución presupuestal a junio de 2017, los resultados son mediocres: Gobierno Nacional 25,8%, Gobierno Local 20,9% y Gobierno Regional 40,1%; por ministerios, el de Desarrollo e Inclusión Social 0% de ejecución con Cayetana Aljovín a la cabeza (nueva Ministra de Energía y Minas), el de Trabajo y Promoción del Empleo 1,1%, el de Justicia, 2,8%.

PPK como político maduro, economista, exministro de Belaunde y de Toledo, con buenas relaciones internacionales, excelente lobista y con ministros graduados en buenas universidades extranjeras; pudo haber gobernado mejor el país y para todos los peruanos.  A un año de su mandato y a la luz de las cifras oficiales, los resultados son decepcionantes, por decir lo menos. No hay un solo indicador económico o social positivo que pueda exhibir. Apelar al “niño costero”,  al ruido político, Odebrecht,  a las herencias de Ollanta, etc., como factores de su mal gobierno, es indefendible.  En cambio, su comportamiento errático, falta de visón de país y  capacidad de decisión ha sido una constante. La población lo percibe claramente. Según Gfk, la aprobación de PPK en agosto de 2016 llegaba al 60%. En el último sondeo de julio, solo el 32% lo aprueba.

El grueso del “gabinete de lujo” sigue siendo el mismo de hace un año, y leyendo el último discurso del presidente no veo diferencias significativas con respecto a su primera presentación en julio de 2016. En realidad, el problema no es la falta de propuestas, ni siquiera de recursos económicos; el problema estriba en la falta de gerentes y ejecutivos de comprobada experiencia profesional y solvencia moral en el actual gobierno. Por último, los integrantes del ejecutivo probablemente sean excelentes gerentes en empresas privadas, sin embargo, en este último año han demostrado inexperiencia y desconocimiento de la gestión pública. Hubiera sido sensato incorporar en el nuevo equipo profesionales que están en las universidades públicas, que sí saben de gestión pública eficiente y transparente y, lo más importante, que tienen vocación de servicio, que tanta falta nos hace

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